Sin embargo aunque las integrantes de catw y otras

Sin embargo, aunque las integrantes de catw y otras abolicionistas feministas consideran que es imposible que una mujer acepte por voluntad propia ofrecer servicios sexuales y que por lo tanto todas las migrantes que se prostituyen (y más bien todas las prostitutas, sean o no migrantes) son víctimas de trata que necesitan protección y ayuda, los políticos y los responsables de la elaboración de políticas públicas tienden metabotropic glutamate receptor ser más selectivos en su postura sobre quién sí califica como una esclava sexual y quién no. En la mayoría de los países, para tener la oportunidad de ser identificada como víctima de trata y de ser asistida por las autoridades, la mujer o niña migrante que trabaja en la industria sexual necesita primero demostrar que no eligió ni aceptó trabajar como prostituta, y después que ha padecido gran sufrimiento físico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Protección a las Víctimas de Trata del año 2000 pone varios mecanismos de protección a disposición de las víctimas de formas graves de trata, pero el acceso a los mismos está restringido y “depende en gran medida en la distinción entre inocentes víctimas de prostitución forzada y trabajadoras sexuales culpables que sabían desde antes que realizarían trabajo sexual” (Pearson 2002; véase también Chapkis 2005: 57-58). Esta distinción es cada vez más aceptada (Doezema 1999, 2002; Harrington 2005), e incluso en países en donde la ley no descarta la posibilidad de que una mujer haya aceptado migrar para dedicarse al trabajo sexual, aunque luego haya sido explotada y se haya vuelto incapaz de escapar de esa situación, el estatus de víctima no se le otorga de forma automática a quienes han sido sujetas a los abusos contemplados en la definición de trata del protocolo de Naciones Unidas. En vez de eso, para que se le reconozca como víctima, necesitará demostrar que fue sujeta a tipos muy específicos de abuso, sobre todo violación y otras formas de violencia física. El Reino Unido es ejemplo de lo anterior. La Ley de Asilo y Migración de 2004 establece que quien facilita el traslado hacia el Reino Unido o en su interior es culpable del delito de tráfico si la persona facilitada: “es víctima de comportamientos que se contraponen al artículo 4to de la Convención de Derechos Humanos (esclavitud y trabajo forzoso)”, o “si se le somete al uso de la fuerza, a halophiles amenazas o a engaños diseñados para inducirlo a (i) proporcionar servicios de cualquier tipo; (ii) proporcionarle a otra persona beneficios de cualquier tipo, o (iii) permitirle a cualquier otra persona adquirir beneficios de cualquier clase”. Sin embargo, dado que la ley —al igual que el protocolo de Naciones Unidas contra la trata— no proporciona lineamientos claros sobre el grado de engaño, el tipo y grado de fuerza, o la clase de amenazas que deben suscitarse para que la persona califique como víctima de trata, los oficiales de policía y los agentes migratorios deben usar su buen juicio para determinar si las mujeres y niñas detenidas durante las redadas y las visitas de rutina son víctimas de trata o no. Nuestras entrevistas preliminares con oficiales de policía y agentes migratorios en el Reino Unido sugieren que, al entrar en contacto con las autoridades, las mujeres necesitan reportarles de inmediato una serie muy específica de experiencias para poder calificar como víctimas de trata. Por ejemplo, al preguntársele cómo podía identificar si una mujer detenida durante una redada hecha en una sala de masajes era víctima de trata o no, una agente migratoria contestó que, durante el interrogatorio inicial (el cual suele ser muy breve y se realiza en una sala de interrogatorios en la estación de policía), a las mujeres se les pregunta sobre sus planes al dirigirse al Reino Unido, si sabían qué tipo de trabajo realizarían, si se habían dedicado al comercio sexual en sus lugares de origen y si hubo algún agente involucrado en su migración hacia el trabajo sexual en el Reino Unido. Y: